En el congreso del Partido Comunista en pasados días, Hu Jintao afirmó en su discurso, que “es preciso respetar más las leyes objetivas del mercado” pero también “consolidar y desarrollar sin vacilación alguna la economía de propiedad pública”, dando eco a las reflexiones de la revista británica The Economist de semanas anteriores sobre la nueva ola de estatización en los Estados.
Esta tendencia claramente es una alternativa para solucionar algunos problemas, y sin duda, la ola de privatizaciones que se consolidó en la década de los noventas, deja hoy una serie de reflexiones importantes en diversos sectores, pero al mismo tiempo grandes triunfos en productividad y reducción de la corrupción pública.
Hoy algunos muestran los “éxitos” de la estatización en Venezuela, porque los indicadores sociales de cobertura han mejorado según las estadísticas nacionales, pero es evidente que en muchos casos estos datos están afectados por la distribución de recursos del Estado de manera directa, lo cual no causa cambios reales en las estructuras sociales y por ende económicas.
Así, el debate de la estatización que está viviendo Bogotá sobre la recolección de basuras está claramente mal enfocado. Se debe reconocer que la política de privatización de la recolección de basura mejoró enormemente la situación de aseo en la ciudad, que era grave hace 20 años, donde los residuos se tomaban los andenes, calles, potreros y no era claro el esquema de disposición; hoy, Bogotá es ejemplo en el mundo de recolección y mantenimiento de la ciudad libre de residuos.
Más, el Alcalde propone retornar este monopolio al Estado, sin presentar más argumentos que reducir la carga de costos en los hogares; situación que seguramente surge de la renegociación con los operadores y sus costos referidos, que según el Alcalde (que no ha mostrado un estudio claro sobre el tema), presentan tarifas muy altas; en este sentido el razonamiento del Alcalde está equivocado porque el costo de una tarifa del sector privado casi siempre es inferior que la que el sector público puede prestar y la decisión de privatizar un sector no puede ser un tema de tarifas, ya que los resultados son evidentes.
Pensar que un servicio pase a ser estatal significa que el presupuesto nacional respalda el gasto de esa organización y que el marco legal de los empleados es de empleados públicos, lo cual causa serias inflexibilidades, cargas pensionales, garantías presupuestales y vínculos con las decisiones electorales, causando que un sector eficiente termine cayendo en un sobrecosto que en la tarifa presente no se refleja, pero afectará las finanzas públicas en el mediano plazo.
Esto deja ver que el rol del Estado como proveedor de servicios genera costos indirectos muy altos, que sin duda afectan los resultados mismos del servicio y compromete el presupuesto público sin necesidad, y éste es el fondo real del problema: algunos consideran que no es concebible que por medio de servicios públicos se puedan obtener rentabilidades privadas en su prestación por la naturaleza de servicio público, más la presencia de estas utilidades hace que los sectores sean más eficientes, competitivos e innovadores.
La estatización sin duda tiene beneficios de corto plazo y es popular, mas genera inflexibilidades y sobrecostos en el mediano plazo, causando que los recursos públicos terminen financiando dichas ineficiencias; por esto no podemos caer en falsos debates sobre el rol del Estado, los derechos ciudadanos y la libertad de mercado, porque por medio de juegos de palabras o errores de interpretación, al final asignar recursos públicos para cubrir ineficiencias simplemente produce más inequidad que la que generan las rentabilidades del sector privado en la prestación del servicio. Más allá del debate de si es el legal o no, todo indica que es no es costo eficiente para la ciudad.
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