El desafortunado y tristemente no inédito enfrentamiento de los ministros de hacienda y trabajo por la necesidad de hacer reformas en los sistemas de salud y pensiones, llega a los 20 años de la promulgación de la ley 100, porque al parecer toca reformar todo.
Sin duda dos décadas después, las condiciones han cambiado y la ley cumplio muchos de sus objetivos, como aumento de cobertura, creación de sistemas privados de soporte al sistema público, educación ciudadana y mejora de calidad de vida, aunque obviamente la gente del común y los medios de comunicación se centran en sus fallas y casos particulares y escandalosos, pese a que hoy hay más personas cubiertas en salud y pensiones que hace 20 años.
Lo bueno es que se está hablando de reformar no de cambiar o comenzar de cero. Esto significa que simplemente se debe ajustar los sistemas a las nuevas necesidades de los sistemas, que surgen como consecuencia de haber obtenido los objetivos iniciales.
En salud, la discusión debe centrarse en las situaciones potenciales y no en el diagnóstico de la realidad. Al comenzar la ley 100 se estimó que una persona iba una vez al año al médico y que al aumentar la cobertura se requeriría un sistema que soportará 46 millones de atenciones médicas, y lo que ocurrió es que la persona al sentirse asegurada aumento su frecuencia a 4 por año y esto sumado al fenómeno de los recobros y otras situaciones no previstas en el diagnóstico inicial (como los fallos de las cortes), hicieron que el cálculo actuarial fallará y llevará el sistema a una situación de crisis financiera, en un entorno de amplia cobertura, más camas y muchas morbilidades reducidas como el polio y la viruela. Así, debemos comenzar por encontrar el camino de liberar el dinero congelado de los recobros hacía las EPS, con la condición sine qua non de pagar inmediatamente a las IPS, y que estas le paguen al cuerpo médico, logrando así mitigar el problema que causaron médicos, hospitales y aseguradoras, con algún tipo de sanción para los actores, porque todos tienen parte de responsabilidad en los procesos de recobro.
En pensiones, la situación es más confusa, pero lo logros son igual de impresionantes. La ley 100 logro desactivar muy buena parte del esquema pensional solidario con carga al Estado (que es simplemente un esquema Ponzi), liberando al presupuesto nacional de pagos injustos e insostenibles; también logró aumentar la cobertura pensional, porque los independientes han comenzado a entrar al sistema, incluidos los jornaleros del campo y se ha consolidado un sistema de fondos privados que no sólo han aumentado el ahorro privado sino que se han convertido en una importante fuente de recursos para el país. Desafortunadamente hoy sólo hay 17,6 millones de afiliados a fondos de pensiones obligatorias y a sistemas pensionales de prima media (de los cuales solo 7 millones están activos), de los 21 millones de ocupados. En el mismo sentido es impresionante como el 72% del pago de las cesantías pagadas a los fondos de pensiones son retiradas cada año, donde los retiros en su mayoría no son para una situación cesante sino para temas de vivienda.
Así, según diversos estudios en 1993 teníamos una cobertura del 22% en salud y de 23% en pensiones, y a mediados de 2012 se logró llegar al 96% y 81% respectivamente; logrando lo mismo que en el servicio de educación: asegurar la cobertura. Ahora esta ola de reformas debe tener como meta la calidad y el buen servicio, lo cual es mucho más fácil decirlo que hacerlo y requerirá más tiempo que la necesidad política de ambos ministros.
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