Nuestro atraso en infraestructura vial queda completamente expuesta y evidenciada ante la a integración comercial en la que se ha metido Colombia y el mismo dialogo en pos de poner fin al conflicto armado en Colombia.
Diversas fuentes dicen que el atraso puede ser de 20 a 40 años, más es evidente que desde los noventas los escándalos en contratación, concesiones y adiciones se han vuelto el tema más recurrente, y esto sin duda ha causado que el avance en la red haya sido muy reducido.
Un tema que será inevitable en los diálogos de paz será el desarrollo rural e inevitablemente esto pasará por el tema de carreteras para sacar los productos agrícolas, y será una dificultad importante en el diálogo.
Esto me ha puesto a pensar, y recordar una columna que publique en este mismo espacio hace unos años, cuando analizaba que la tercerización de la ingeniería vial y su construcción no ha funcionado bien porque el gobierno sabe dar recursos pero tiene serias limitaciones, asimetrías y regulaciones para contratar, haciendo que el proceso sea lento y completamente atemporal a las necesidades, como quedo ampliamente evidenciado en las ayudas en la reconstrucción por la catástrofe del invierno; mientras que ante la caída de un puente, los ingenieros militares solucionan de manera temporal en el corto plazo y colaboran mucho con la comunidad.
Este escenario nos debe llevar a pensar el sistema. No se si es casual o causal, pero es evidente que desde que el Estado dejo de hacer las vías, estas se hacen de una manera más lenta. Es claro que el Estado como constructor es costoso porque se convierte en un cuasimonopolio poco competitivo y que los insumos le terminan costando más pero sin duda es más eficiente para construir más rápidamente y sin tanto enredo jurídico, y seguramente al final es menos costoso porque las obras se hacen y no hay demandas al estado.
Creo que es momento en que el país entre al debate de darle la infraestructura vial al Estado nuevamente, porque si queremos crecer y ser competitivos, darle viabilidad a la reforma agraria y reducir los costos de fletes, ese es un buen camino; comprendo que el sector privado pueda estar en el modelo como proveedor o como concesionario si pone capital en el proceso, como en el caso de lo que se ha hecho en minería e hidrocarburos, al punto de pensar que quizá es momento de una agencia nacional sobre el tema; porque al final, lo que ocurre mayormente es que el estado paga a los privados por hacer las vías pero los privados no aportan lo suficiente para equilibrar la relación costo beneficio.
Sin duda esta posición no es popular en el sector privado y no creo que se hable en voz alta en el sector público, pero es una reflexión que puede ser el gran camino a la competitividad en Colombia.
Colombianada: a veces el mejor camino es el mismo de siempre.
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