Supongamos que la próxima semana Petro ponga en marcha su propuesta de recolección de basura en Bogotá, y asumamos que lo que se afirma es cierto, y que dicha medida es abiertamente ilegal, causando que muy seguramente los operadores demandarán a la Ciudad y si éstos ganan deberemos pagarles un monto muy alto de dinero.
¿Quién debe pagar?, ¿la Ciudad?, ¿la empresa de Acueducto?, ¿Aguas de Bogotá?; seguramente si el escenario se presenta como queda planteado, ésta demanda se pagará con impuestos de la ciudad de una u otra manera, llevando este sobrecosto a la ciudadanía, causando que el llamado “ahorro” de tarifas que propone el Alcalde, simplemente desaparezca, y que Petro como persona no pague más que el común de los ciudadanos.
Esto nos lleva a reflexionar sobre los vacíos legales de las decisiones discrecionales de los políticos en Colombia, no sólo de Petro. Hoy, cualquier mandatario puede tomar decisiones de inversión, desinversión, priorización de mantenimiento, cambio de modelos de gestión, creación de entidades y demás acciones sin que su financiamiento, impacto económico, detrimento patrimonial o nivel de riesgo sea analizado, y más aún sin que exista un peso fiscal contra sus creadores, gestores y ejecutores; quizá existan algunas normas, más su aplicación final demuestra que éstas son inocuas.
El país debe pensar el tema profundamente, ya que las decisiones de unos pocos tienen claros impactos en todos en el mediano plazo. Ser político no es simplemente ser una figura pública con la capacidad de obtener unos votos, es ser el responsable del cumplimiento de la Constitución Política y las Leyes, buscando la mejora en la calidad de vida de los colombianos más allá de las ideologías políticas, las creencias religiosas y siempre enmarcado en el entramado legal que tenemos.
Si el día de mañana los bogotanos podríamos pagar por esta decisión del Alcalde, en el peor de los casos él podría responder hasta por su propio patrimonio; lo espantoso de esto es que el patrimonio de una persona puede ser tan grande como él quiera, ya que este lo puede poner a manos de terceros o moverlo a paraísos fiscales, mientras que un ciudadano del común no puede irse de la ciudad de un día para otro o dejar de pagar impuestos, ya que existen barreras muy complejas para la migración, tal como ocurre en la posibilidad que una familia cambie de estrato socioeconómico para reducir sus costos fijos mensuales.
Un buen ejemplo de detrimento patrimonial de una ciudad es su malla vial, la cual por razones casi siempre ideológicas, es abandonada para darle recursos a los nuevos programas de los Alcaldes entrantes, bajo premisas como la equidad, la igualdad y la justicia social, causando que las inversiones en movilidad se destruyan y deprecien llevando a que su recuperación sea financieramente imposible y que se pierdan billones de pesos en activos de las ciudades. Situación que ocurre por olvidar un principio básico de las finanzas: mantener los activos en las mejores condiciones para no perder su valor.
Así, los ciudadanos pagamos los intentos y pruebas de nuestros mandatarios, como es el caso de diversos fallos judiciales, descalabros económicos por malas inversiones, refacción de las mallas viales y obviamente los actos de corrupción, simplemente porque las leyes no las cumplen quienes deben defenderlas.
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