Cada vez toma más fuerza la idea de poner peajes en las ciudades para limitar el acceso de vehículos y reducir el tráfico, sin considerar las complejidades socioeconómicas de estas medidas y las enormes asimetrías que causa.
Cobrar de más por el uso de un servicio es simplemente un esquema de segmentación de mercado, pero si lo hace el Estado es un esquema de exclusión; una cosa muy distinta son las tasas impositivas progresivas o bien herramientas como el subsidio directo en los servicios públicos por estratificación socioeconómica, que redistribuyen ingreso de manera efectiva, pero no dan mejor servicio a quien paga más.
Un fuerte tema en este debate son la salud y la educación, donde el Estado asegura un servicio básico de calidad de manera libre o con copagos moderados, en un entorno donde aquel que tenga la posibilidad de pagar por una mejor calidad o un modelo de salud y educación diferente lo puede hacer pagándolo de su propio bolsillo, desequilibrando la condición de equidad de derechos debido a las condiciones económicas.
Sin duda muchas personas creen que si tienen una mayor capacidad de pago pueden pagar por algo mejor y esto puede ser cierto en muchas categorías del mercado; pero no es concebible en los monopolios públicos, porque para el Estado todos debemos ser iguales; este debate es uno de los ejes fundamentales del mercadeo en el sector público, donde las premisas clásicas del marketing se ven controvertidas por las condiciones normativas y la reducción de la libertad individual como premisa de mercado.
Pensar en un peaje para desmotivar el uso del vehículo en una zona, simplemente hará que aquellos que deban estar en la zona deban modificar su estructura de compras sacrificando alguna otra categoría o bien causando que no puedan hacerlo, y aquellos que pueden hacerlo por un ingreso disponible mayor, lo hagan libremente, distorsionando las condiciones de la igualdad de derechos.
No se pueden usar todas las herramientas del mercado privado en el público y viceversa, o de lo contrario veríamos productos de lujo con precios estratificados para que todos los tuvieran.
Otro ejemplo increíble es lo que ocurrió con el IVA a la cerveza para aumentar el recaudo para la salud, poniendo los recursos de este gasto en la dependencia de un consumo que busca ser desmotivado.
El sector público tiene el deber de asegurar los derechos y la igualdad de los ciudadanos, y las medidas que defina no pueden romper esa premisa, y mucho menos dándole una clara ventaja a aquellos que puedan o estén dispuestos a pagar por ella; quizá suena utópico pero es necesario diferenciar el objetivo de cada política: las políticas públicas tienen como objetivo la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y las políticas privadas, la satisfacción de las necesidades del consumidor final, donde la gran diferencia radica entre lo mínimo necesario y lo máximo ofrecido.
Por muchas razones hemos subvertido estas lógicas en el mercado apoyando vendedores ambulantes permitiéndoles vender en espacio público o poniendo al Estado como competencia de particulares y hemos llegado al punto de aumentar plazo de renovación de licencias de conducción simplemente para ajustarnos a la demanda por encima de ley; pesto no debe seguir así y no debemos alentar que esto pase, o de lo contrario las normas del libre mercado se implantarán en nuestros sistemas de derechos y simplemente seremos mejores ciudadanos quienes podamos pagarlo.
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