A nadie le gusta pagar impuestos (y quizá por eso se llaman así); dicen que el esquema es injusto, porque los “ricos” deberían pagar más o porque el dinero se lo roban, dando una excusa para no cumplir con el deber que tenemos de pagar impuestos y hacer las cosas dentro del marco de la ley.
Hacer las cosas dentro de las normas nos limita, como es el caso del pago de la seguridad social, donde estas retenciones son odiosas para muchos y negativas para otros porque demuestran que ya no son necesariamente objetos de subsidio; mostrando que el mercado laboral se mueve entre incentivos y las trampas de pobreza.
Uno de los grandes cambios que está teniendo el país es la formalización, tanto en el empleo como en el sector empresarial, ya que se ha logrado encontrar donde presionar correctamente.
Buen ejemplo de esto es lo que está ocurriendo con la ley 1430, que le dice a las empresas que los pagos en efectivo no serán deducibles de impuestos, poniendo a diversos sectores, pero en particular al comercio a buscar la forma de cumplir con esto: el tendero deberá pagarle a las empresas de los productos que vende por medio de transferencias financieras, lo que cambia muchas cosas.
El tendero sin saber (o quizá sabiendo y auto-excusándose) es un evasor de impuestos, ya que cuando compra un Chocoramo por $400 para venderlo por $500, no sólo está aumentado sino el IVA del producto, que pasa de ser $55 pesos que le paga a Ramo y que Ramo declara a la DIAN, a ser de $69, de los cuales puede deducir los $55 pagados, y debería pagar $14 por concepto de IVA a la DIAN, pero no lo hace; y por esto le teme a tener que declarar sus ventas, porque sabe que las cosas pueden cambiar. Según el DANE el consumo de hogares fue de $431 billones en 2013, y de cerca de $138 fueron en bienes no durables, de los cuales se sólo vendieron $16 billones en los grandes almacenes, dejando $122 billones en otros formatos; supongamos que la mitad cae en el problema mencionado, y que al estimar una tasa media de IVA de 4%, los compradores pagan un IVA cercano a los $2,3 billones de pesos que el tendero no declara ni paga (obviamente estas cifras deben ser más afinadas pero dejan ver la magnitud de la situación).
El nuevo esquema causará menores costos de transacción para el tendero y las empresas, lo que puede significar mejores precios al comprador final, con el beneficio de reducir el manejo de efectivo en la tienda y declarar con veracidad que vendió, aportando información al sistema y sobretodo reduciendo el margen de extorsión al comerciante, que es víctima de una modalidad oculta de criminalidad que ha cooptado el ingreso de los comerciantes en muchas zonas del país.
No será fácil de implementar, pero es necesario. Formalizarnos a la fuerza ha sido el único camino que han encontrado las autoridades para lograr una transformación cultural que nos permita hacer un país el marco de la ley, y no en los vericuetos de la creatividad ilegal, que al final nos roba a todos: sin duda la evasión en Colombia es más grande que la corrupción.
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