Las historia de Bogotá de las últimas 3 o 4 administraciones se puede resumir en un tema fundamental: la puesta en marcha de políticas públicas para el cumplimiento de derechos a la ciudadanía, y en particular a las poblaciones menos favorecidas y las llamadas minorías.
Esto a primera vista es muy bueno en una sociedad, ya que la equidad se logra equilibrando las oportunidades de aquellos que no las han tenido en el tiempo, para que su calidad de vida aumente y se acerque a las condiciones de aquellos que han tenido mejores situaciones. Más, esta historia pierde sentido en la medida en que los recursos que se han usado para esto, han causado un deterioro enorme del patrimonio colectivo de la ciudad, en particular de la malla vial, la de servicios públicos y capital cívico de la ciudad, que se ha reducido de manera enorme porque la gente está desencantada y esto afecta la dinámica urbana.
Es fácil ver que el tránsito en la ciudad tiene problemas, pero los niveles de violencia y vandalismo de Transmilenio son un buen ejemplo de las consecuencias de lo que ha ocurrido: El sistema es público y las personas consideran que debería viajar gratis en él, debido a que esta “financiado” por el Estado y porque el servicio es muy malo. Eso muestra dos imaginarios completamente errados que se están consolidando en la ciudad, donde lo público debe ser regalado y si no es bueno no tiene sentido pagarlo.
Ambos fenómenos pueden tener su origen en el desequilibrio que se ha causado en la defensa de los derechos y el olvido de los deberes. Para que el Estado pueda financiar algo se requieren recursos, pero las personas dentro de su imaginario de “tener derecho” consideran que es el Estado proveedor quien debe financiar esto sin tocar sus finanzas personales, y por esto ante un aumento de precio o la imposición de sistemas anticolados, las reacciones de algunas poblaciones es violenta, ya que consideran que se les están violando sus derechos.
Esto se suma a fenómenos similares con el tráfico de la ciudad, el aumento de los avalúos catastrales, del pago del predial e incluso de las normas que prohíben el consumo de licores a ciertas horas en algunos barrios, causando un esquema normativo que le reduce la libertad a las personas en función de defender algunos derechos.
Esto ha llevado a que la gente en la ciudad este molesta, agresiva, inconforme, y actué conforme a estos sentimientos. Por esto es fundamental retornar el capital cívico de la ciudad, que no es otra cosa que el equilibrio entre deberes y derechos ciudadanos, donde las personas sepan que deben hacer y dar, y pueden pedir y recibir, y no quedarnos en un entorno donde por ayudar a unos hemos afectado a todos.
Colombianada: Vivimos en un estado social de derecho, no en un estado de derechos.
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