Mucho se está hablando de las pensiones de los magistrados y congresistas en Colombia, porque sin lugar a dudas son injustas frente a otras realidades nacionales, más estos se afirman en la posición que estas son unos derechos adquiridos.
Afortunadamente el lenguaje algunas veces soluciona los debates. Un derecho constitucional es un derecho universal que cobija a toda la población colombiana, mientras que un derecho adquirido es uno que no tienen sino algunos que lo obtuvieron de manera legal pero claramente injusta e inequitativa.
Todo surge del sistema pensional del siglo XX que se fundamentaba en el principio de solidaridad, donde un pensionado estaba financiado por 5 u 8 cotizantes, en mecanismo casi directo, donde los empleados aportaban y el pensionado recibía esa plata del Seguro Social (Básicamente un esquema Ponzi). Esto sólo funciona si la población crece de manera continua y envejece poco, en un escenario de creación de empleo cotizante continuo, lo cual claramente se demostró que es insostenible en Europa por el envejecimiento de la población y las menores tasas de fecundidad; por esto el mundo entero ha abandonado estos sistemas solidarios de prima media pasando a sistemas de aportes individuales o ahorros programados, asegurando los aportes de los cotizantes y una pensión moderada para la jubilación, que depende de los rendimientos financieros.
Así, muchas de las pensiones que hoy paga el país no tienen una contrapartida para generarlas y evidentemente causa una presión fiscal muy importante, desembocando que la inversión del gobierno nacional sea menor y fortaleciendo la mala distribución del ingreso que tenemos, simplemente porque algunos tienen derecho a muy buenas pensiones según la ley, mientras que otros no lo tienen, y los menos favorecidos ven como los recursos fiscales deben cubrir un muy buen nivel de vida de unos pocos beneficiados.
En esta lista no sólo están los magistrados, sino los profesores, los empleados públicos, los congresistas y los jubilados del Banco de la República, que tienen condiciones muy diferentes al resto de los ciudadanos. Cabe anotar que algunos ponen en esta misma lista a las Fuerzas Armadas, más es fundamental comprender que su régimen especial de contratación y pensiones se debe a que cumplen turnos laborales diferentes y exponen su vida, por lo tanto en el mundo entero tienen consideraciones especiales.
Estos derechos adquiridos legalmente pero injustamente tienen al Estado en una enorme encrucijada, porque debe hacer un gasto obligado y socialmente ineficiente, como el caso en que no hay como subir los sueldos del sector justicia pero se deben pagar las pensiones de muchos magistrados.
Es momento de dar una revisión profunda a estas pensiones, que sin duda debe llegar amuchos de los derechos adquiridos de manera inequitativa, teniendo cuidado de no causar nuevos derechos generales, o de lo contrario nuevamente las cortes legislaran en sentido económico, desajustando nuevamente las finanzas públicas.
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