“Cuando un ratón pide leche y le dan, después pedirá galletas”, esta frase del común es fundamental para comprender los paros que estamos viviendo y que se le avecinan a este gobierno.
Al igual que en el proceso de reelección de Álvaro Uribe, las fuerzas políticas comienzan a definir sus costos y sus lineamientos de negociación para el mejor postor, donde el gobierno que desea mantenerse tendrá que pagar mucho más por mantenerse en el poder; la diferencia radica en que Uribe tenía una enorme popularidad y no tenía una posición negociadora.
Sin duda el Catatumbo y una gran cantidad de regiones rurales del país han sido olvidadas por el Estado como lo muestra el informe del DANE, donde el 47% de los colombianos rurales viven en pobreza, pero esto no debe ser entendido como una arma política para definir el terreno electoral; claramente el agro ha sido golpeado por muchos elementos como el clima, la pésima infraestructura y las importaciones, pero también hay que aceptar la baja productividad que se ha desarrollado debido a la tradicional protección de los sectores, que hoy debería ser líderes mundiales y se han quedado en modelos de producción de comienzos del siglo XX.
El Estado debe tener una política clara para sacar de la pobreza a los campesinos y desarrollar un fuerte sector agrario, productivo, competitivo y de talla mundial, que sea un enclave estratégico del futuro de nuestro país y de la seguridad alimentaria mundial, eso no tiene discusión; más lo que hoy se discute es como solventar los problemas de improductividad que se presentan y de financiar el sostenimiento de modelos agrícolas insostenibles.
La pobreza del campo no se arregla con paros ni mucho menos con actos violentos, sino por medio de políticos dispuestos a hacer lo correcto y no enriquecerse en su periodo; siempre se culpa al gobierno central de la pobreza de las regiones, pero poco se habla de la responsabilidad de los alcaldes que se han nombrado y elegido en el pasado y que no lograron hacer el acueducto o el tendido eléctrico de sus regiones; sin duda el gobierno nacional tiene una cuota de responsabilidad, pero no es el único que tiene la solución.
Ahora esta deuda social en infraestructura básica la debemos financiar con recursos de todos los colombianos, logrando sacar a muchos colombianos de la pobreza pero también sosteniendo sistemas improductivos de algunos sectores, porque si bien es cierto que las guerrillas y los políticos están detrás de muchas de estas manifestaciones sociales, también lo están algunos productores que buscan que les financien su falta de competitividad con recursos del erario público.
La agricultura y la pobreza rural es un tema estratégico para el país y requiere soluciones estructurales de una política de Estado y no negociaciones temporales que cuestan billones de pesos a los colombianos y no logran soluciones de fondo. Menos, usar a poblaciones vulnerables y vulneradas como peones en un ajedrez político nacional, donde los medios de comunicación se convierten en amplificadores que benefician a unos pocos.
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